La iniciativa impulsa la creación de un monotributo productivo con incentivos para incluir pequeños contribuyentes y regularizar a aquellos que realizan tareas informalmente.
Se trata de una ley puente de inclusión al régimen simplificado para pequeños contribuyentes que además de promover el acceso a una jubilación y cobertura de salud, contempla una reducción de aportes del monotributo.
Por cuatro años el Estado se hace cargo del pago del componente impositivo del monotributo en forma permanente a todas las personas registradas en las categorías A, B y C.
Entre los beneficiarios de la ley estarán los nuevos monotributistas de las categorías A a la C y el nuevo régimen reemplaza al monotributo social y promovido, mientras quienes opten por permanecer en el anterior régimen, podrán hacerlo.
Según voceros oficiales el proyecto buscará fomentar la registración laboral y tributaria y la inclusión financiera de los trabajadores de la economía popular, de acuerdo con los voceros oficiales.
La norma facilitará el acceso a créditos para la adquisición de de máquinas y herramientas, capacitación, complementos de ingresos y proyectos productivos.
Alcanzará a los mayores de 18 años que no sean titulares de más de tres inmuebles, no sean empleadores, ni contribuyente del Impuesto a las Ganancias y poseer un máximo de 3 actividades independientes. .
La iniciativa oficial propone la creación del Fondo Fiduciario para la Promoción del Crédito No Bancario, para impulsar el acceso al financiamiento del sector de la Economía Popular, a través de créditos productivos con bonificación de tasas y otorgamiento de garantías para financiamiento bancario y promoción de capacitación y asistencia técnica.
La administración del fondo estará a cargo de un Comité Ejecutivo, presidido por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y con el ministerio de Economía como autoridad de aplicación y el banco BICE como ente fiduciario.
El financiamiento de ese fondo provendrá de aportes del Estado y las provincias y de organismos públicos, privados y multilaterales y de fondos provenientes de la colocación por oferta pública de valores negociables emitidos por el Fondo a través del mercado de capitales.
Las entidades financieras reguladas por el Banco Central deberán destinar un mínimo del 1,50% de la responsabilidad patrimonial al otorgamiento de crédito para proyectos productivos con impacto social presentados por cooperativas y emprendedores de la Economía Popular, según indicaron las fuentes oficiales.
Los beneficiarios del nuevo régimen podrán también acceder a ser proveedores del Estado, estableciendo una reducción de requisitos y de las garantías y una preferencia de precios de hasta 5% por sobre PyMES nacionales y hasta 25% por sobre empresas extranjeras en las licitaciones oficiales.
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