La creación de una comisión investigadora sobre el desempeño de algunos fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, aprobada por el Senado local, desató un conflicto que llevó hoy al titular de ese organismo a asegurar que es una medida "de una gravedad inusitada" que "atribuye funciones ilegales".
Precisamente, en diálogo con CNN Radio Rosario, Hernán Martínez, representante de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, afirmó “esto viene desde hace unos años, comienza con la primera modificación orgánica del MPA 13695 que se hizo entre gallos y medianoches”. Y agregó: “lo grave es que había dos fiscales en ese momento que estaban investigando a senadores provinciales”, y continuó: “esto implica una intromisión de un poder en el otro”.
En esa línea según Martínez, “el aparato legislativo disciplinario de los fiscales resulta contrario al principio de separación de poderes, entre otros vicios constitucionales, pero este es el más relevante y de mayor peso”. En sus palabras, “esto cambió para que nada cambie”.
Por cierto, “la Comisión de Asuntos legislativos se metió en dos asuntos disciplinarios, volvimos a la justicia nuevamente y se volvió a declarar la inconstitucionalidad. En tanto, la corte ha mostrado una agilidad relativa en torno a la inconstitucionalidad de la Ley”, aclaró el funcionario.
En relación al tema de los fueros, según Martínez, “lo que se hizo fue una interpretación forzada de lo que es la inmunidad parlamentaria”, y completó “es lógico y es sano que un legislador no pueda ser coaccionado o influenciado para que opine o no en la sanción de una ley”.
Según el representante del MPA, “en este caso es un caso puntual, que nada tiene que ver con las leyes” y la cámara de Senadores sienta un “precedente nefasto y peligroso” y le muestra a todo el mundo que “un senador no puede ser juzgado por la justicia”.
Pensando en los próximos pasos, Martínez destacó que “el camino natural de esto es plantear la inconstitucionalidad del artículo que establece la inconstitucionalidad. No podemos depender siempre de la Corte, las otras instituciones también tienen que funcionar”.
“Al día de hoy si hay un procedimiento disciplinario y se produce un abocamiento se enlentece el procedimiento y la administración de Justicia”, concluyó Martínez.
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