El Gobierno nacional anunció el martes la aplicación de una prohibición de llamadas telefónicas por 30 días desde el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, dirigida exclusivamente a Esteban Alvarado y Claudio “Morocho” Mansilla, debido a su presunta implicación en los crímenes de cuatro trabajadores en Rosario.
La resolución, firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, replica una medida similar dictada previamente para Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de Los Monos, aunque en este caso la restricción fue impuesta por la Justicia federal de Morón.
Según fuentes oficiales, Alvarado y Mansilla no podrán realizar llamadas telefónicas desde la cárcel durante un mes, salvo para comunicarse con los abogados defensores que figuran en los expedientes judiciales.
La orden de Bullrich para la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal es de aplicación inmediata, aunque se deja abierta la posibilidad de extender el régimen de control en Ezeiza, sujeto a consulta con el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, respaldó la medida solicitando la prohibición debido a los indicios que vinculan a Alvarado y Mansilla con delitos cometidos en la última ola de violencia en Rosario, presuntamente relacionados con la banda de Alvarado, de la cual Mansilla sería miembro.
Hasta el momento, Alvarado y Mansilla no han sido imputados por los cuatro homicidios ocurridos en marzo ni por otras acciones violentas en la zona. Sin embargo, el MPA sospecha que Alejandro “Chucky Monedita” Núñez, presunto instigador de los crímenes, pudo haberse comunicado con Mansilla como parte de su plan de intimidación pública.
La prohibición de llamadas coincidió con el inicio del juicio por el tiroteo y fuga en la cárcel de Piñero, donde Mansilla es uno de los acusados. En caso de ser hallado culpable, podría enfrentar una condena de hasta 11 años y 3 meses de prisión.
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