Tras 26 días de violento estallido social, el Congreso chileno llegó a un acuerdo en la madrugada de este viernes para convocar en abril de 2020 a un plebiscito por una nueva Constitución que sustituya la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
"Es una respuesta de la política con mayúscula que piensa en Chile y que también se hace cargo y asume su responsabilidad", afirmó el presidente del Senado, Jaime Quintana, miembro del opositor Partido por la Democracia (centroizquierda). "Esta respuesta que están dando todos los partidos que nos acompañan es una muestra que busca señalar el camino de profundización democrática, una salida pacífica a la crisis y de construir un verdadero contrato social, y eso ha sido posible gracias a la ciudadanía que ha estado movilizada".
Bajo el acuerdo, necesario para modificar la actual Carta Magna, que no permite llamar a plebiscito para estos fines, se impulsará la realización de una consulta en el mes de abril de 2020 que resuelva dos preguntas: si se quiere o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano debiera redactarla: una "comisión mixta constitucional" o una "convención constitucional" o Asamblea constituyente, explicó Quintana.
La elección de los miembros de una u otra instancia se realizará en octubre de 2020, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal con voto voluntario. Pero la ratificación de la nueva Constitución, si el proyecto es ratificado en el plebiscito, será con sufragio universal y voto obligatorio.
"Nosotros estamos contentos de haber podido aprobar un acuerdo que derrote la violencia", afirmó de su lado Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), el principal partido de la coalición de partidos del gobierno de Sebastián Piñera.
El acuerdo se aprobó en un Congreso en que ninguna de las fuerzas políticas contaba con los dos tercios necesarios para cualquier modificación sustantiva de la Constitución, tras casi un mes de violentas protestas sociales que dejaron 22 muertos y miles de heridos y detenidos en multitudinarias manifestaciones callejeras, saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía.
Pablo Vidal, diputado del izquierdista Revolución Democrática, dijo por su parte que el acuerdo "es el triunfo del pueblo de Chile movilizado". "Tenemos que ahora luchar por el sueldo mínimo, por las pensiones, por el seguro de salud y muchos otros temas", agregó.
Diputados oficialistas y opositores estuvieron reunidos desde el miércoles para conseguir una salida política a la crisis, la más grave desde el retorno de la democracia, y responder así a uno de los principales clamores de los manifestantes, que culpan a la actual Carta Magna de ser el origen de la grandes desigualdades del país.
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